El acoso escolar, ese persistente problema que atraviesa generaciones, sigue siendo el tema de incontables debates y reformas. Cada vez que un caso salta a la luz pública, la primera reacción de las instituciones educativas es esgrimir una palabra mágica: protocolo. Pero ¿Qué ocurre cuando esos protocolos, diseñados para proteger, se convierten en una fachada de cumplimiento y terminan traicionando a las mismas víctimas que deberían defender?
En teoría, los protocolos de actuación frente al acoso escolar son herramientas imprescindibles para garantizar una intervención rápida, estructurada y eficaz. Estos documentos establecen pasos claros: identificar, investigar…y, en su caso, sancionar. Sin embargo, en la práctica, su implementación suele transformarse en una maraña burocrática, plagada de formalismos que diluyen su propósito original.
Un protocolo, para muchos centros educativos, no es más que una estrategia para blindarse ante posibles responsabilidades legales. Al activarlo, se genera una suerte de «escudo» que protege a la institución de cualquier acusación de negligencia. «Se ha seguido el protocolo», se argumenta, como si la mera activación del proceso fuera sinónimo de éxito. Pero ¿cuántas veces esa activación lleva realmente a una solución efectiva para la víctima?
Uno de los mayores problemas radica en que, en muchos casos, el protocolo no se activa en absoluto. Los centros minimizan los episodios de acoso, los califican como simples conflictos entre iguales, o peor, los atribuyen a una supuesta falta de resiliencia de la víctima. La negación o demora en reconocer un caso de acoso se convierte en una forma de omisión deliberada.
Cuando finalmente se activa el protocolo, lo que debería ser un proceso ágil y resolutivo se convierte en un desfile de reuniones, formularios y burocracia. Las víctimas y sus familias se enfrentan a un sistema opaco, donde cada paso parece diseñado más para cumplir con requisitos administrativos que para resolver el problema. En el peor de los casos, los responsables educativos se limitan a documentar el proceso para justificar que «algo se está haciendo», aunque ese algo no tenga impacto real en el entorno de la víctima.
¿Un Fraude Encubierto?
Hablamos de fraude no como un delito legal, sino como una traición al espíritu del protocolo. Si la intención original de estas medidas es proteger y restaurar la seguridad y bienestar de los estudiantes, entonces su uso superficial o manipulador constituye un fracaso ético. Más aún, puede resultar una herramienta de revictimización: la víctima no solo sufre el acoso, sino también la indiferencia o la torpeza de un sistema que le prometió ayuda y no la proporcionó.
El protocolo, cuando se implementa de manera deficiente, no es más que un documento vacío. En lugar de ser una red de seguridad, se convierte en una trampa que perpetúa el problema. Y lo más alarmante es que, al final, tanto los agresores como las instituciones salen indemnes, mientras que las víctimas quedan marcadas por la inacción.
La mera existencia de un protocolo no garantiza justicia ni resolución. La verdadera eficacia radica en cómo se aplica, quién lo supervisa y cuál es el compromiso de la institución para enfrentar el problema de raíz.
¿Es el protocolo un verdadero escudo para las víctimas o un simple mecanismo de autoprotección institucional? Si seguimos aceptando la segunda opción, el sistema no solo estará fallando, sino que se estará burlando de quienes más necesitan su protección. Y ese, sin duda, es el mayor fraude de todos.
María José Liern. Perito judicial experto en acoso escolar, bullying y ciberbullying.